¿Qué hacemos con los dictadores capturados?

Es lo que ayer se preguntaba Daniel Pipes en su artículo publicado en el Jerusalem Post. Aquí la traducción:

¿Qué hacemos con los dictadores capturados? Esto se ha convertido en un problema ocasional para el gobierno de Estados Unidos desde que derrotó al Eje en 1945. Afortunadamente, Hitler se suicidó y los partisanos se despacharon a Mussolini. Pero el emperador de Japón recibió un pase libre y siguió en su sitio hasta 1989.

Dos docenas de altos oficiales del régimen Nazi fueron juzgados y sentenciados en los juicios de Nuremberg de 1945-46, y varios de ellos fueron ahorcados, sólo imagine que en esos procesos Hitler hubiera sido el acusado número 25. El mucho menos maligno Manuel Noriega de Panamá ha estado desde 1989 en una prisión americana, donde cumple una sentencia de 40 años por tráfico de drogas.

En contraste con todos estos casos, la administración Bush se distancia de disponer de Saddam Hussein, al dejar su suerte librada a manos de los iraquíes. Los jueces iraquíes acaban de sentenciar a Saddam y 2 secuaces a muerte por su rol en la masacre de 148 iraquíes en el pueblo de Dujail in 1982.

Esta circunstancia nos trae varios dilemas:

-permitir que un dictador se pudra en la carcel crea menores problemas políticos, pero niega justicia a aquellos que sufrieron su opresión, mientras que ejecutarlo acarrea el necesario cierre emocional, aunque también puede provocar mayor conmoción política.

-permitir que un dictador muera de manera relativamente indolora (por ahorcamiento o pelotón de fusilamiento) es lo más adecuado, porque causarle la misma tortura que él casó a otros, podría proveer una liberación psicológica a las víctimas, a la vez que servir como un elemento disuasivo para otros déspotas.

-hacer que un dictador sea juzgado por sus connacionales puede ahorrar a los americanos la angustia, pero al costo de exacerbar las tensiones locales (en este caso, las relaciones sunitas y chiítas).

Este debate está instalado en la sociedad norteamericana desde hace años. Los sectores más liberales (que no "líberals") del partido Republicano, al igual que los libertarios, se están planteando el costo económico tremendo que tiene para los contribuyentes este rol de policía mundial. Y algunos sectores más "centristas" del partido demócrata también lo rechazan porque no les gusta ver que su país es tan odiado por ello.

No obstante, las preguntas que lanza Pipes, merecen una respuesta seria y cabal. Y la ONU no está en condiciones de darla.